Gran
preocupación expresaron los representantes del área inmobiliaria y de la
construcción, al conocer las nuevas normas que regularán la preventa,
construcción y entrega de desarrollos residenciales en la Ley contra Estafa
Inmobiliaria, publicada el pasado miércoles en la Gaceta Oficial Nº 39.912. Las
disposiciones contenidas en la normativa persiguen sancionar el delito de
estafa y otros fraudes del sector inmobiliario.
El artículo 26 expone que
si el constructor tarda más de la fecha establecida en el contrato, deberá
indemnizar al comprador con un monto proporcional al tiempo de atraso, con dos
unidades tributarias (UT) por cada día de retardo.
Las sanciones pecuniarias
para los promotores son igualmente severas, y ascienden a las dos mil unidades
tributarias. “Esta norma no contó con la participación de ninguno de los
sectores involucrados. Tenemos entendido que los diputados de oposición se
encontraban presentes en la discusión de la norma, pero al ver los resultados,
nos damos cuenta que la campaña política los ha distraído del enfoque que debía
tener la ley”, sentenció la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Shoymei Lau.
La dirigente gremial agregó
que las viviendas sin terminar tomadas por el Gobierno jamás fueron concluidas,
defraudando a decenas de compradores que invirtieron su dinero con la firme
esperanza de obtener un lugar donde vivir. “Era necesaria una reglamentación y
por eso dimos aportes para la construcción de una Ley de Preventa Inmobiliaria.
Nos preocupan mucho las sanciones que serán aplicadas a los promotores
inmobiliarios que se atrasen en las obras, pues esta situación se genera por la
falta de permisos e incluso por la escasez de materiales para construir”.
La dirigente gremial hizo
un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a que permitan una
revisión con la participación de personas especializadas en el tema.
“Establecieron un lapso de dos años para terminar las obras. Eso es aceptable
en el caso de las viviendas, pero construir un edificio en ese lapso es
imposible”.
Lau denunció que la
especulación cobra fuerza en la comercialización de materiales de la
construcción. “¿Será que los diputados no viven en Venezuela? ¿Cómo es posible
que un saco de cemento lo venden en 70 bolívares por saco y la cabilla en 170
bolívares? Es preciso revisar dónde están las viviendas nuevas prometidas por
el Gobierno. Estamos esperando las listas del ministerio”.
En los próximos días
emitirán un comunicado manifestando su rechazo a la normativa recientemente
promulgada.
Escrito por Haydeluz Cardozo
El impulso.com
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