En
el anteproyecto de la de la Ley de Regulación y Control de
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial a la que tuvo acceso
este rotativo, se establece que las sanciones para quienes incumplan
con lo determinado en el documento legal partirán desde 100 hasta 400
unidades tributarias; es decir, desde Bs. 9.600 hasta Bs. 38.400.
La Asamblea Nacional trabaja
actualmente en el anteproyecto que tiene como fin contribuir con la
disminución de la inflación y la eliminación de la especulación. Esta
normativa “completaría todo lo relacionado con el alquiler de
inmuebles”.
La Comisión de Administración y
Servicios, luego de haber recibido “innumerables denuncias”,
relacionadas con el incremento exagerado en los cánones de
arrendamiento de este sector, “lo que repercute en costos y precios
justos de productos y servicios”, presentarán en las próximas semanas
la norma que permita “proteger la estabilidad de los ciudadanos”.
Entre las sanciones que dicta la
legislación se encuentran el pago de multa para quienes incumplan con
la cancelación a través de una cuenta bancaria destinada para el
depósito del canon de arrendamiento, así como el cobro indebido del
mismo.
De acuerdo con la exposición de motivos
y al anteproyecto de la nueva legislación, el objetivo fundamental es
regular la situación jurídica aplicable al arrendamiento de inmuebles
urbanos y suburbanos destinados al funcionamiento o desarrollo de
actividades económicas, comerciales, afines y conexas, que sean
arrendados con la finalidad de realizar actividades productivas.
El diputado por el Psuv, Elio Serrano,
presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios,
explicó que la Ley de Arrendamiento de Viviendas derogó parcialmente la
anterior, sin embargo, queda una parte que no se ha culminado que tiene
que ver con el arrendamiento distinto a las viviendas, “por eso
requerimos hacer un ordenamiento que permita actualizar y derogar la
anterior”, indicó.
La normativa se aplicará a locales
ubicados en centros comerciales, quioscos, locales tipo stand,
edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico
asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas, y otros centros
comerciales, afines y conexos.
Asimismo, establece la creación de la
Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial,
afines y conexas, adscrito al Ministerio de Comercio y cuyas
atribuciones serán nombrar, coordinar y dirigir la creación de las
Direcciones de cada estado, municipio de inquilinato.
También fijará, ejecutará y controlará
el canon de arrendamiento, podrá imponer las sanciones establecidas, y
deberá crear un registro nacional de inmuebles urbanos y suburbanos
arrendados, destinados a actividades comerciales.
Para la fijación del canon, el
anteproyecto señala que se tomará como base el “desenvolvimiento del
sector de arrendamiento inmobiliario comercial, utilizando como medida,
el índice de precios de locales comerciales afines y conexos (Iplc),
establecido por el Banco Central de Venezuela.
Aunque la Cámara Inmobiliaria
Venezolana fue invitada a participar en una reunión en el seno de la
Comisión para recibir sus aportes, aún no existía para el momento un
proyecto específico, sin embargo, desde ya señalan que “será el mismo
fracaso y la misma anarquía que ha generado la ley de alquileres, que a
casi 7 meses de aprobada aún nadie en Venezuela está cumpliendo la ley”.
Según su presidente, Aquiles Martini,
“son leyes que no estimulan al sector privado y el Gobierno lo que hace
es tomar control de la economía en su totalidad”.
El vocero del sector inmobiliario
sostiene que este tipo de normativas “generan más centralismo y más
burocratismo” y considera que “el Estado no está para controlar sino
para estimular aquellos grupos de personas que hagan convenios entre
las partes”.
Por su parte, el diputado Serrano
indicó que ya el anteproyecto fue aprobado en el seno de la comisión,
por lo que tienen previsto entregarlo “esta semana” a la directiva de
la Asamblea Nacional para que ellos decidan cuando traerla a plenaria.
“Una vez que se discuta en primera discusión, tenemos la expectativa de aprobarla antes de concluir este período en agosto”.
Diario Panorama
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