El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos,
Roberto Orta, señaló a través de Noticias24 Radio que los dueños de los
inmuebles expropiados son víctimas del abuso del poder.
Orta resaltó que la Ley sobre el pago del precio justo de las
expropiaciones, aprobada el pasado viernes, vía Habilitante, forma
parte de una política confiscatoria de la propiedad privada por parte
del Gobierno Nacional.
“Este nuevo decreto de Ley forma parte de una estructura de 12 leyes
que se han promulgado en los últimos dos años contra el sector
inmobiliario”.
Lamentó que el proyecto no haya sido consultado y que se haya aprobado, según su consideración, “con una habilitante fuera de su período y que nada tiene que ver con el problema de las lluvias”.
Aseveró que los parámetros con que se contabiliza el valor de las propiedades están fuera de la realidad y “los valores no se van a corresponder con la inversión que hizo un propietario por un terreno que ha sido expropiado por el Gobierno”.
“Lo que quiero enfocarme también es que el problema que estamos viendo actualmente es que el Gobierno no está pagando las expropiaciones y la Asamblea Nacional (AN) no ha aprobado un centavo para indemnizar “, reiteró.
Para finalizar, señaló que ya suman 1200 las propiedades en las que el Ejecutivo ha procedido de forma arbitraria para construir viviendas sin respetar con las normas implícitas en la constitución.
Lamentó que el proyecto no haya sido consultado y que se haya aprobado, según su consideración, “con una habilitante fuera de su período y que nada tiene que ver con el problema de las lluvias”.
Aseveró que los parámetros con que se contabiliza el valor de las propiedades están fuera de la realidad y “los valores no se van a corresponder con la inversión que hizo un propietario por un terreno que ha sido expropiado por el Gobierno”.
“Lo que quiero enfocarme también es que el problema que estamos viendo actualmente es que el Gobierno no está pagando las expropiaciones y la Asamblea Nacional (AN) no ha aprobado un centavo para indemnizar “, reiteró.
Para finalizar, señaló que ya suman 1200 las propiedades en las que el Ejecutivo ha procedido de forma arbitraria para construir viviendas sin respetar con las normas implícitas en la constitución.
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