Cámara Inmobiliaria: De las 200 mil viviendas que se pretendían entregar, solo se han otorgado 40 mil

 Globovisión

Este martes se realizó el foro denominado "Nuevas leyes que inciden en el sector inmobiliario, alcances y efectos" para evaluar la incidencia de las más de 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones que desde el año 2005 se han promulgado en relación con el sector vivienda del país. 

Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, estos instrumentos han incidido en el déficit de viviendas. "Las cifras que tenemos extraoficiales, porque el Banco Central de Venezuela no ha presentado este año las suyas, es que de las 200 mil viviendas que se pretendían entregar solo se han entregado 40 mil, 20 mil el sector privado, 20% menos que el año pasado, y 20 mil el sector público, lo que no es suficiente para la demanda", señaló. 

Martini Pietri indicó que uno de los problemas en el sector es el déficit grave de materiales como el cemento, pero sobre todo la cabilla: "Por esto sale un decreto en gaceta que dará prioridad a la Misión Vivienda., pero es que igual tenemos problemas con todos los materiales para la construcción y la solución es trabajar de la mano privado y público".

Con relación a las nuevas medidas para el financiamiento para la adquisición de viviendas dijo que entre 25 y 30 años es lo estimado. "El tema de que te financien 100% de la vivienda hasta 300 mil bolívares es bueno, pero son muy pocas las que cuestan eso y las viviendas de la misión no son propiedades privadas", dijo.

El Presidente de la Cámara Inmobiliaria expresó que se debe buscar la manera de generar opciones para financiar, pero algo coordinado con los actores para que sea viable, sin imponer criterios.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, manifestó que es grave que luego de la Ley de Arrendamiento ahora no exista en los clasificados viviendas disponible, sobre todo para jóvenes y familias humildes que son las que necesitan alquilar.

Se reiteró la denuncia de que tras ocho meses de promulgada la ley no está constituido un ente que supervise las consignaciones.