Ley de justiprecio deroga el derecho de propiedad

El Nacional

El Gobierno avanzó en su intención de suprimir la economía de mercado y el derecho de propiedad con las leyes promulgadas por el presidente Hugo Chávez gracias a los poderes habilitantes que expiraron hace una semana, afirmó Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas.

La Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento y Habitabilidad es, dijo Maldonado, la más grave del paquete de 14 normas aprobado a última hora, porque deroga el artículo 115 de la Constitución.

“Se termina de abatir un derecho humano como la propiedad privada al cambiarse la garantía expropiatoria consagrada en la carta magna por una legalidad que otorga una facultad amplísima al Gobierno para limitar los atributos de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad”, agregó.

Maldonado señaló que la expropiación como garantía para los propietarios supone la concurrencia de los poderes públicos, autónomos en la teoría, para tomar la decisión: el Ejecutivo hace la solicitud, el Legislativo confirma la utilidad pública y el Judicial determina el precio por pagar.

Sobre la Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional, Maldonado afirmó que es una manera de chantajear a las pequeñas y medianas empresas.

“Lo que se plantea con esta legislación es que sólo los que estén dispuestos a asociarse con el Gobierno, dándole 40% de las acciones y poder de veto en las decisiones, podrán beneficiarse de los programas de estímulo y ser proveedores de la administración pública”.

Añadió que la legislación forma parte del esfuerzo gubernamental por disminuir al sector privado y representa una situación de competencia desleal, que es insoportable cuando se suma al conjunto de restricciones al que están sometidas las empresas en la actualidad.

A Maldonado también le parece grave la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado. “Eso deja la data de los privados a disposición de cualquier instancia en un momento de tanta impunidad y deterioro institucional”.