El Carabobeño
El Indepabis, establecido en el 2008 y la Ley de Protección al Consumidor, han sido estatutos dirigidos y dictados para confiscar y regular el arrendamiento inmobiliario de la propiedad privada y violentar el derecho constitucional, aseguró
Mayela Fonseca Chiquito, consultora de la Cámara Inmobiliaria del Estado Carabobo. En su ponencia “Derecho Inmobiliario”, la abogada mencionó que esta serie de leyes que se han venido dictando progresivamente han cercenado los atributos a la propiedad, como lo son el gozar, usar y disponer libremente de un inmueble.
Desde que comenzó la situación en materia de arrendamiento con la promulgación del decreto contra los desalojos arbitrarios, la jurista explicó que aquel propietario que quiera recuperar una vivienda u otro inmueble y que tuviese un caso abierto en tribunales en contra de un inquilino, se ha visto afectado debido a la paralización de todos los procedimientos a raíz de esta ordenanza.
Fonseca reveló que la suspensión o interrupción de estos procedimientos se debe a irregularidades por parte del Ministerio de Vivienda ante la “falsa” creación de una oficina de atención al público, así como al “mal” funcionamiento de la dirección regional de arrendamientos inmobiliarios establecida por la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda
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