Leyes punitivas frenan a los constructores

Cámara Venezolana de la Construcción Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción afirmó que los costos de construcción aumentaron 20 por ciento a causa de la escasez de insumos en el mercado formal al cierre del primer semestre del año. Leyes punitivas y escasez de insumos es la mezcla que complica el desarrollo de la actividad privada en el sector construcción. Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), indicó que "el temor hacia unas leyes punitivas y la falta de insumos" son los dos factores que juegan contra el crecimiento de la inversión privada en construcción "durante tres años consecutivos". Hasta julio de este año, el inventario de construcción del sector privado llegó a la cifra de 15 mil viviendas. "Desde 2010 el sector privado ha tenido una caída de 40 por ciento anual", dijo Dao según publicó El Universal en su web. Recordó que la construcción privada pasó de 80 mil unidades a finales de 2010 a 30 mil, proyección de cierre para finales de 2012. "Ahora no se están comenzando nuevas obras, sino terminando las que ya se habían iniciado", aclaró Dao. El Banco Central de Venezuela, en su más reciente informe sobre el sector de la construcción, indicó que en el país hay 200 mil obras paralizadas, cifra que según la Cámara corresponde a los proyectos rezagados del tercer trimestre de 2011. El representante del sector empresarial afirmó que los costos de construcción aumentaron 20 por ciento a causa de la escasez de insumos en el mercado formal al cierre del primer semestre del año. No cuadran los números La Asociación Bancaria de Venezuela reportó que en 21 meses se han culminado 12 mil 123 unidades habitacionales de las 20 mil 264 programadas. Destaca que una parte de las viviendas está en fase de protocolización y que ocho mil 307 se construyen, con fecha estimada de culminación en noviembre de este año.  El organismo atribuye la situación a los problemas con el cemento, retrasos para las autorizaciones de los servicios de agua y electricidad, y el avance en las restricciones legales a las actividades de promoción habitacional.